ORTEGA IMPUGNARÁ ANTE EL TRIFE

Jesús Ortega ha negociado con sus derrotas, pero no está dispuesto a negociar con su triunfo, y por ello impugnará la elección interna del PRD ante el Trife.

Falta ver si el Trife es confiable, pues no hay que olvidar que está controlado por Manlio Fabio Beltrones, amigo del árbitro de la interna del PRD, Arturo Núñez.

Por ALEJANDRO LELO DE LARREA

Tal parece que el cálculo político ya le está fallando gravemente a Andrés Manuel López Obrador, pues pensó que Jesús Ortega se doblaría con tan sólo un par de conteos rápidos que declararan ganador a Alejandro Encinas de los comicios para presidente del PRD, el pasado 16 de marzo.
Pero no fue así. Es cierto que Jesús Ortega tiene un largo historial de negociar con sus derrotas, acepta uno de sus principales asesores, y seguramente esa fue la lógica en la que se movió la gente de López Obrador-Encinas.
Pero en lo que no reparó, explica el mismo asesor, es en que Jesús Ortega no estaría dispuesto a negociar con su triunfo y por eso ahora está decidido a ir hasta las últimas consecuencias, que no son otras que defender lo que él llama la legalidad y la justicia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), porque la corriente Nueva Izquierda y sus aliados ya le perdieron toda la confianza a las autoridades del PRD.
Al menos hay cinco razones de peso por las cuales los ‘Chuchos’ ya no confían ni en el presidente del partido, Leonel Cota, ni en el titular de órgano técnico electoral, Arturo Núñez, y menos en la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, que preside Renato Sales, un ex subordinado de López Obrador y de Encinas:
1—En el periodo de campañas por la presidencia del PRD, los aliados de Encinas abrieron una guerra sucia en contra de Ortega, que fue desde imprimir un panfleto en el que lo acusaban de colaboracionista con el gobierno de Felipe Calderón, hasta las agresiones directas a militantes destacados de Nueva Izquierda, como el caso del senador Carlos Navarrete, en un mitin frente a la Torre de Pemex, el 24 de febrero, pasando por amenazas en los sitios de internet afines a López Obrador. La desconfianza de Ortega es porque las autoridades del partido no hicieron nada para frenar esa campaña negra.
2.—El día de la jornada electoral, al menos desde la lógica de Jesús Ortega, se trató de consumar una especie de albazo, a través de los conteos rápidos, elaborados por IMO y Mitofsky. El líder de los ‘Chuchos’ dice estar convencido de que Leonel Cota presionó a los directivos de ambas empresas para que dieran el resultado a favor de Encinas. Del historial de poca ética de IMO ya dimos cuenta en este espacio el viernes 28, pero en el caso de Roy Campos, de Mitofsky, su trayectoria no deja lugar a desconfiar de su trabajo. Además, él mismo ha negado públicamente que haya sido presionado por Cota.
3.—Ortega también desconfió y, por tanto, descalificó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), porque jamás llegó al 100 por ciento, y curiosamente se detuvo cuando la tendencia era que Ortega rebasara a Encinas. Dicho instrumento se frenó con el 70 por ciento de las casillas computadas, y una ventaja de centésimas de Encinas por sobre Ortega: 46.62 contra 42.33 por ciento. Este hecho, y el de los conteos rápidos, hicieron que Ortega perdiera la confianza en Leonel Cota.
4.—Ortega también le perdió la confianza al árbitro, Arturo Núñez, pues a pesar de tener atribuciones para ordenar a la gente de López Obrador-Encinas a que no obstruyeran el cómputo de la elección (que atoraron ya durante 15 días), se ha quedado de brazos cruzados, sabedor de que si se llega al final del recuento Ortega resultaría vencedor, independientemente de que haya irregularidades o no en decenas de casillas, como lo ha denunciado Encinas.
5.—Jesús Ortega tampoco se fía de la Comisión de Garantías y Vigilancia del PRD, pero no sólo porque esté presidida por Renato Sales, quien como subprocurador del DF fuera subordinado de López Obrador y de Encinas en los tiempos respectivos de ambos como titular del Gobierno del Distrito Federal. La desconfianza de Ortega proviene de un hecho concreto: el viernes pasado, Dolores Padierna metió un recurso ante dicha instancia para evitar que el Consejo Nacional sesionara el sábado, y en menos de 24 horas la Comisión emitió un fallo: le ordenó al presidente del Consejo Nacional, Camilo Valenzuela, que en un plazo máximo de una hora se desistiera de convocar a la sesión de dicho órgano colegiado. Es histórica la celeridad en un resolutivo de la Comisión de Garantías.
Los anteriores son los argumentos de Ortega para estar convencido de que, una vez concluida legalmente la elección en las instancias del PRD, debe acudir al Trife para intentar que la legalidad y la justicia prevalezcan en su partido.
Sin embargo, acaso Jesús Ortega no ha reparado en el Trife, por lo menos para este caso, podría no ser totalmente confiable. ¿Por qué? Pues resulta que el árbitro de la interna del PRD es Arturo Núñez, un hombre que creció políticamente al amparo de Manlio Fabio Beltrones, quien fue su jefe en la Secretaría de Gobernación, y con quien mantiene una sólida relación política, hoy que ambos son senadores de la República.
¿Y esto qué tiene que ver? Resulta que Beltrones es el personaje más influyente de este país en el Trife, pues lo controla a través de su presidenta, la magistrada María del Carmen Alanís, a quien él puso en ese cargo. La pareja sentimental de Alanís es Emilio Rabasa, un importante asesor de Beltrones. De este grupo también forma parte el recién designado consejero electoral, Marco Antonio Baños. Por ahora, se sabe que Núñez ya prepara la defensa de ante el Trife, pues ha iniciado los cabildeos con Beltrones y con la propia Alanís. Pronto lo sabremos.

¿QUIÉN QUIERES QUE GANE LA ENCUESTA?

En Oaxaca, simpatizantes de Encinas quemaron la papelería electoral de varias casillas,
pero los Chuchos en su alquimia tenían actas con resultados de esas mesas de votación.

Por su historial, los perredistas podrían dudar de la encuestadora IMO, pero de Mitofsky no hay el menor indicio en su trayectoria para cuestionar su credibilidad.

Por Alejandro Lelo de Larrea

Después del cochinero de la elección del PRD entre Jesús Ortega y Amalia García, en 1999, el demóscopo César Morones, entonces del CEO (hoy IMO) se acercó a José Barberán (qepd), quien fuera el hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador para estudios de opinión pública, y le propuso, palabras más, palabras menos: “Mira, Pepe, ya quítense de problemas, no hagan otra elección y mejor les hago una encuesta y ustedes me dicen quién quieren que gane y ya”.
José Barberán, por supuesto, se negó a tal pretensión. La historia la contó a varios de sus colegas, en distintos foros, por lo que ya es del dominio del gremio de encuestadores, lo que sumó a la mala fama del entonces Centro de Estudios de Opinión (CEO, que fue en principio financiada por la UdeG), de quien se decía que era una encuestadora con tendencia priísta.
Después, el CEO se convertiría en el Instituto Mexicano de Opinión (IMO), igual bajo el mando de César Morones, que trabajó junto con Ana Cristina Covarrubias en el equipo de campaña presidencial de López Obrador, en 2006. A ambos los llevó Federico Arreola, que incluso en su libro “La Lucha de la gente contra el poder del dinero”, entrevista a Morones, quien se queja de todas las encuestadoras que no traían arriba a López Obrador, previo a los comicios de aquel año.

César Moreno, director de IMO

Acaso por la historia con Barberán y porque fue Alejandro Encinas quien propuso a IMO como una de las empresas encuestadoras para el conteo rápido de la elección para presidente del PRD la noche del 16 de marzo, es que los ‘Chuchos’, en voz del senador Graco Ramírez, representante de Jesús Ortega ante la Comisión Electoral del PRD, han amenazado con demandar a IMO, alegando que el dato de su estudio les provocó un daño moral. El resultado que informó esta empresa fue de 50.7 por ciento para Encinas, y 42.3 por ciento para Ortega.
Pero no sólo estos dos factores pudieron influir en la mayor molestia de los ‘Chuchos’ contra IMO, sino también la arrogancia de Morones, quien desde el lunes 17 se ha dedicado a decir que Jesús Ortega perdió la elección y debe reconocer a Encinas como ganador, a pesar de que ese no es el papel de un encuestador.
A diferencia de lo que ha ocurrido con el caso de IMO, los ‘Chuchos’ no han sido tan duros en sus señalamientos en contra de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, en primer lugar porque esta empresa goza de gran prestigio no sólo entre los partidos políticos y gobierno, sino entre la población general, pues tiene un amplio historial de comportamiento recto, ético y plenamente apegado a la metodología. El resultado que informó Mitofsky la noche del domingo 16 fue de 49.4 por ciento para Encinas, y 44.6 para Ortega.
Pero los ‘Chuchos’ no pueden descalificar a Mitofsky políticamente, pues ellos son quienes propusieron a esta empresa para que hiciera el conteo rápido el 16 de marzo, y deberán entender que el conteo rápido no falló, sino que en los comicios hay un verdadero cochinero, que no es responsabilidad del encuestador ni detectarlo ni calificarlo.
Ello, porque el trabajo que se hace en un conteo rápido es muy concreto: la encuestadora hace una muestra representativa a nivel nacional, y el día de la elección, en cuanto se pega el acta en las casillas muestra, se envía el resultado de ésta a un centro de acopio de información.
El margen de error es mínimo, porque se trabaja sobre un resultado concreto. Sin embargo, la encuestadora no tiene porqué evaluar si los votos que se metieron a las casillas que está contabilizando en su muestra son fraudulentos o son legítimos. Esa labor le corresponde a la instancia que se encarga de la calificación electoral.
Una de las quejas de los ‘Chuchos’ contra la empresa de Mitofsky, es que no consideró algunas de las casillas de la muestra aleatoria. En Oaxaca, una entidad proclive a Jesús Ortega, es donde se dieron las peores irregularidades en los comicios, al grado que ambos bandos cometieron fraudes abiertamente en mismas casillas.
Por ejemplo, en Juchitán, los simpatizantes de Alejandro Encinas no permitieron que se instalaran cuatro casillas, y quemaron las boletas electorales en pleno centro de ese municipio. Eso fue un fraude. Pero los Chuchos no pudieron quedarse atrás, y de esas mismas cuatro casillas (que no se instalaron, en que nadie voto, que las boletas se quemaron), inventaron mismo número de actas de casilla, cuyo resultado fue un triunfo avasallador de Jesús Ortega.
Así, por su historial, los perredistas podrían dudar de IMO, una de las empresas que hizo el conteo rápido de su elección para presidente. Pero de Mitofsky no hay el menor indicio en su trayectoria para cuestionar su credibilidad.

¿Y EL CÓDIGO DE ÉTICA, GERMÁN?

Funcionarios públicos, diputados, senadores, alcaldes,
todos del PAN, juraron el 10 de febrero de 2002
cumplir con su Código de Ética, vinculatorio a los
Estatutos del partido.

Tal parece que llegar a la dirigencia del PAN le
provocó amnesia a Germán Martínez, o acaso le tiembla
la mano para aplicar el Código de Ética.

Por Alejandro Lelo de Larrea

El 29 de junio de 2002, Germán Martínez Cázares,
entonces secretario de Estudios del PAN y uno de los
creadores del Código de Ética de los Servidores
Públicos del Partido Acción Nacional, en una
entrevista periodística que le hice, reconoció que el
entonces senador Diego Fernández de Cevallos violaba
flagrantemente este ordenamiento deontológico del
blanquiazul, al ser legislador al mismo tiempo que
litigaba asuntos en su rol de abogado.
Germán Martínez fundamentó muy bien su señalamiento,
además con toda autoridad moral, porque hacia finales
de 2001 él, como director de la Fundación Rafael
Preciado, había sido uno de los ideólogos del Código
de Ética, que el 10 de febrero de 2002 más de 4 mil
panistas, encabezados por el entonces presidente
Vicente Fox, juraron cumplir para transparentar el
ejercicio de su gestión y de los recursos públicos.
En ese juramento del 10 de febrero estuvieron cinco
gobernadores, seis secretarios de Estado, todos los
diputados del PAN, senadores, más de 400 alcaldes y 3
mil síndicos. El acto se celebró en el World Trade
Center y fue ampliamente cacareado y difundido por Fox
y su gobierno.
A Germán Martínez ya le falla la memoria de lo que
propugnaba hace casi 6 años contra Diego Fernández de
Cevallos, quien en aquel momento era el villano
favorito de los panistas doctrinarios, porque estaba
en pleno apogeo el escándalo desatado porque el bufete
del entonces senador le ganó al Estado mexicano una
indemnización de mil 214 millones, a favor de la
familia
Ramos Millán, por unos predios en la zona circundante
al Estadio
Azteca.
¿Juan Camilo Mouriño violó el Código de Ética del PAN
al firmar contratos como representante legal de las
empresas de su familia al mismo tiempo que fungía como
diputado ¬y aquel 10 de febrero de 2002 juró cumplir
dicho código deontológico? ¿Mouriño faltó a la ética
blanquiazul cuando también firmó contratos como
coordinador de asesores del secretario de Energía, en
2003, y como subsecretario del ramo?
Basta hacer una revisión minuciosa al Código de Ética
del PAN para percatarse de lo que Germán Martínez no
ha querido ver, y que está plasmado con toda claridad.
En las disposiciones generales establecen: “2) Los
servidores públicos cumplirán el Código en el
desempeño de su cargo y lo difundirán entre el equipo
de sus colaboradores. 3) Este código será un
instrumento de evaluación del comportamiento del
funcionario en el desempeño de su cargo, está
vinculado con los Estatutos y Reglamentos del Partido
y en caso de incumplimiento se procederá de
conformidad con lo establecido en ellos. 4) Los
servidores públicos ejercerán sus deberes con estricta
observancia de las disposiciones legales aplicables y
respetando el Estado de Derecho. El partido
coadyuvará, en lo que le corresponda, para la
aplicación de las sanciones que se señalen en la
normatividad respectiva. En el capítulo compromisos
con su cargo, dicen: 11) Actuaré procurando el Bien
Común, sin buscar intereses particulares ni beneficios
personales, para familiares o amistades. Esto implica
no involucrarme en situaciones o actividades que
signifiquen un conflicto de intereses, personales o
familiares, en mi labor como servidor público. 12) Me
conduciré en el desempeño de la responsabilidad
pública con imparcialidad, respetando el derecho de
todas las personas y rechazando cualquier
procedimiento que privilegie ventajas personales o de
grupo. 14) No aceptaré, ofreceré ni otorgaré, directa
o indirectamente, dinero, dádivas, favores o ventajas
a cambio de la realización u omisión de cualquier acto
en el ejercicio de las funciones públicas. No
realizaré labores de gestoría remuneradas, ante
instancias del propio ámbito de responsabilidad o de
otros niveles de gobierno”.
Las sanciones a que hace referencia el punto cuarto
del Código de Ética panista, están previstas en el
capítulo décimo de los Estatutos del PAN, en el
artículo 69 y 71. El primero dice: “Los funcionarios
públicos postulados por Acción Nacional deberán
desempeñar las funciones que les confieren las leyes,
respetando los Principios de
Doctrina, el Código de Ética y los programas del
Partido”. El otro articulo prevé: “El incumplimiento a
lo establecido por los dos artículos precedentes será
considerado como un acto de indisciplina”.
La indisciplina, según el artículo 13 del mismo
Estatuto, ordena: “En los casos de indisciplina,
incumplimiento de sus cargos o infracción de estos
Estatutos y de los reglamentos, los miembros activos
del partido podrán ser sancionados con amonestación,
privación del cargo o comisión del Partido que
desempeñen, cancelación de la precandidatura o
candidatura, suspensión en sus derechos o expulsión
del Partido…”.
Según la gravedad de la indisciplina será la sanción y
hoy tal parece que llegar a la dirigencia del PAN le
provocó amnesia a Germán Martínez. ¿O será que le
tiembla la mano para aplicar el Código de Ética que él
mismo impulsó y usó contra Diego Fernández de
Cevallos?

FALSO INFORME DEL FBI

Cuando Macedo de la Concha fue titular de la PGR, uno de los grupos delincuenciales que más combatió fue el de los llamados “Zetas”.

Tal parece que detrás de este falso informe del FBI que se han “refriteado” varias ocasiones en algunos medios informativos, hay un grupo político que busca afectar a Macedo de la Concha.

Por Alejandro Lelo de Larrea

Como en diciembre de 2005, hace unos días volvió a publicarse un falso documento que atribuyen al FBI, en el que se difama al ex procurador Rafael Macedo de la Concha, pues desde entonces el organismo de inteligencia de EU negó la autenticidad del informe.
En esos días de 2005, el entonces presidente Vicente Fox ordenó que se investigara a fondo la autenticidad del presunto documento de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que había publicado una revista de circulación nacional, en el que se le atribuía al general Rafael Macedo de la Concha que, cuando fungió como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), supuestamente no combatió debidamente a los “Zetas”, esa organización que, de acuerdo con informes oficiales, está conformada por sicarios ligados al cartel del Golfo.
El gobierno de Fox no se sorprendió con el resultado de las investigaciones, que incluyeron una consulta con las autoridades del FBI: dicho documento fue calificado como un libelo, pues no fue avalado como un informe oficial del organismo de inteligencia estadounidenses, que incluso en su respuesta respaldó y felicitó la labor de Macedo de la Concha en los casi cinco años que se desempeñó al frente de la PGR.
En esos días, quien esto escribe buscó al general Macedo de la Concha, que se encontraba como agregado militar en la Embajada de Italia, y aceptó una breve entrevista en la que, de manera tajante, dejó en claro lo que había detrás del libelo: “Eso es un vulgar mentira, es una grave difamación contra mi persona y contra una institución como la PGR, que busca afectar al presidente de la república con una clara intencionalidad política. Cuando estuve en la Procuraduría yo fui quien encabezó una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, en especial contra este grupo conocido como los Zetas, a quienes combatimos con toda la fuerza del Estado, y por eso mismo sé que me odian”.
Macedo de la Concha, además de insistir en que el fondo del asunto era meramente político, comentó respecto de su desempeño al frente de la PGR: “Cuando uno hace bien su trabajo en una responsabilidad tan delicada como la Procuraduría General de la República, casi a diario se reciben mensajes, correos electrónicos, llamadas amenazantes. Yo tenía una enorme responsabilidad y la seguí cumpliendo sin temor a todo eso, y hasta el último día en que estuve en la Procuraduría me desempeñé institucionalmente”.
En esos días, fuentes de inteligencia del gobierno federal confirmaron que había evidencias de que uno de los grupos que amenazaba constantemente a Macedo de la Concha era el de los llamados “Zetas”, pues los jefes de esa organización estaban muy molestos con el general porque el trabajo de la Procuraduría había llevado a fuertes decomisos de armas, inmuebles, vehículos, dinero y detenciones de integrantes de esta organización, durante toda la etapa que estuvo bajo el mando del general Macedo.
Ya en plena campaña presidencial, en 2006, un diario de circulación nacional volvió a divulgar el supuesto informe del FBI, nuevamente difamando al general Macedo de la Concha. Pero el asunto se resolvió con una carta aclaratoria que publicó el rotativo y la aceptación implícita de que el documento, efectivamente, no era un informe verdadero del FBI.
Hace unos días, tal como en 2005 y 2006, volvió a publicarse el mismo falso documento que atribuyen al FBI, en el que se difama abiertamente a Rafael Macedo de la Concha por el caso de los “Zetas”. Esta vez se volvió a rechazar la autenticidad del supuesto documento del organismo de inteligencia estadounidense, y tanto el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, como el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, dejaron en claro que no hay el menor indicio de actos indebidos cometidos por Macedo de la Concha, pues contrario a ello, lo califican como un hombre que aportó mucho al Estado mexicano en su lucha contra de la delincuencia organizada.
Así, tal parece que detrás de este falso informe del FBI que se han “refriteado” varias ocasiones en algunos medios informativos, hay una clara intencionalidad política de afectar a Macedo de la Concha, acaso porque en tiene una excelente relación con el presidente de la república, Felipe Calderón, y es posible que el grupo político que ataca sin fundamento la honorabilidad del general este temeroso de que en algún momento vuelva a recibir una encomienda importante del primer mandatario.